Vielha, 10 de noviembre de 2017.- Agentes de Medio Ambiente del Conselh Generau d’Aran y del Cuerpo de Agentes Rurales de la Generalitat, realizaron la semana pasada una entrada y un registro en un domicilio particular de Canejan (Valle de Aran ) para investigar un presunto delito contra la fauna, consistente en la tenencia de especies protegidas disecadas. Bajo la dirección del Juzgado de Instrucción de Vielha e Mijaran, durante el registro en el domicilio encontraron 40 urogallos disecados, además de otras especies protegidas y cinegéticas. Los animales han sido decomisados ​​cautelarmente hasta que el propietario, vecino de Barcelona, ​​pueda acreditar su procedencia legal.

La actuación se inició gracias a la estrecha colaboración entre el Cuerpo de Agentes Rurales y el Conselh Generau d’Aran, que alertó de una casa que se anunciaba en una página de alquiler de viviendas por internet , y que en una de las fotos se veía una gran vitrina con varios ejemplares disecados de urogallo.

El urogallo es una especie estrictamente protegida en Cataluña desde el año 1979. Su población pirenaica se encuentra en una situación vulnerable, y su población en la cordillera Cantábrica es declarada en peligro de extinción. Su caza está permitida en algunos países del Este de Europa como Rumanía.

Con autorización judicial y con presencia de la letrada de la Administración de Justicia, los agentes rurales registraron la vivienda y las dependencias anexas, comprobando la posesión de 40 ejemplares disecados de urogallo, uno de urogallo becnegre, cuatro gallos de cola forcada, tres acebos y un picudo. Todos estos animales fueron decomisados ​​cautelarmente y se custodian en dependencias de los Cuerpo de Agentes Rurales, a disposición judicial.

Una orden de la Generalitat valora económicamente cada urogallo con 1.800 €. Su tenencia puede constituir un presunto delito contra la fauna, castigado con pena de prisión de 6 meses a 2 años o multa de 8 a 24 meses. La posesión también constituye una infracción administrativa muy grave de la Ley de Protección de los Animales, que se sanciona con multa de 2.001 a 20.000 €.

Los miembros del Cuerpo de Agentes Rurales, con la colaboración del Departamento de Territorio y Sostenibilidad, y del Conselh Generau d’Aran, están investigando la documentación y los precintos aportados por la persona investigada, la fecha de la muerte de los animales y su origen geográfico, a fin de determinar su situación legal en Cataluña.