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La síndica de Aran ha hecho llegar una carta al president de la Generalitat de Catalunya para reclamar que el gobierno catalán tenga en cuenta y respete las instituciones aranesas, la voluntad de los araneses y el marco competencial y de desarrollo institucional de Aran en todo el proceso de desarrollo del “Acuerdo de Claridad”.
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El pasado 19 de abril la síndica de Aran se reunió con el presidente Aragonès en el Parlamento de Catalunya con quien, además de esta cuestión, trató sobre distintos asuntos como la evolución de la negociación del nuevo modelo de financiación de Aran.
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La carta subraya la importancia que tiene el respeto a las leyes y a la ordenación jurídica vigente, como garantía de mantenimiento de los derechos de los pueblos y de la ciudadanía, así como la necesidad de que Aran, como territorio autónomo, debe tener su propia agenda política y los araneses y aranesas son quienes tendrán que decidir, cuál y cómo será su futuro si, en algún momento, hay un cambio en la configuración del Estado.
La síndica de Aran, Maria Vergés, se ha dirigido por carta al president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, para hacerle llegar la petición formal de que el ejecutivo catalán tenga en cuenta y respete las instituciones aranesas, la voluntad de los araneses y el marco competencial y de desarrollo institucional de la Val d’Aran, reconocido en la Ley de Régimen Especial de la Val d’Aran, en todo el proceso de desarrollo del “Acuerdo de Claridad” que la Generalitat quiere iniciar a través de un grupo de expertos.
Durante la reunión que mantuvieron la síndica de Aran y el presidente de la Generalitat el pasado 19 de abril en el Parlamento de Catalunya, la síndica ya le avanzó la intención de hacerle llegar esta petición por la vía formal, insistiendo en que Aran, como territorio autónomo, tiene que tener su propia agenda política y los araneses y aranesas son quienes tendrán que decidir cuál y cómo será su futuro si en algún momento hay un cambio en la configuración del Estado.
Así mismo, en su carta, la síndica subraya la importancia que tiene el respeto a las leyes y al ordenamiento jurídico vigente, como garantía de mantenimiento de los derechos de los pueblos y la ciudadanía.