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Durante la reunión mantenida ayer con la consejera de Salud, el síndico manifestó que la situación sanitaria de la Val d’Aran está estabilizada y acordó proceder a la petición al Estado del paso a la Fase 2 de desescalada, siempre recordando la necesidad de seguir las medidas establecidas para evitar un rebrote de contagios de COVID-19
Durante la reunión mantenida ayer con la consejera de Salud de la Generalitat, Alba Vergés, el síndico de Aran, Francés Boya, acordó proceder a la petición al Estado del paso a la Fase 2 de desescalada de la Val d’Aran (junto con el resto de la Región Sanitaria del Alto Pirineo y Aran).
“En estos momentos, la situación sanitaria de la Val d’Aran está estabilizada, aún así debemos ser prudentes y, durante esta transición a la nueva normalidad, no tenemos que olvidar que el COVID-19 todavía es un peligro para la salud pública y tenemos que evitar, a toda costa, nuevos rebrotes”, afirma el síndico de Aran.
En este sentido, la vicesíndica y consejera de Igualdad, Salud y Bienestar, Maria Vergés, manifiesta que “pasar a la Fase 2 sería una muy buena noticia para el territorio, pero es necesario cumplir siempre las medidas establecidas por las autoridades sanitarias: respetar la distancia de seguridad entre las personas, hacer uso de la mascarilla, evitar aglomeraciones y lavarse las manos constantemente”.
En esta reunión virtual estuvo presente también el consejero de Economía, Turismo y Promoción económica, Juan Antonio Serrano, que considera que el avance a la Fase 2 supone “un paso más en la activación progresiva de nuestra economía”.
La Fase 2 contempla medidas como las visitas a usuarios de centros residenciales para las personas mayores en situaciones excepcionales, la apertura al público de los establecimientos hoteleros y de restauración para el consumo en el interior del local al 40% de su capacidad, la ampliación de los velatorios a 25 personas en espacios al aire libre o 15 en lugares cerrados, la apertura de equipamientos culturales a un tercio de su capacidad o la apertura de las piscinas recreativas con un límite del 30%, entre otras.